35 Horas en la administración pública: un ajuste de verano y la semilla de la flexibilidad
La Administración General del Estado da un paso firme hacia la jornada laboral de 35 horas semanales, pero no sin matices. La resolución del BOE introduce un cambio significativo en el horario de verano para los funcionarios, añadiendo un nuevo capítulo a la reforma laboral pública.
Cambio de ritmo: 6,5 horas y la intensiva de verano en el punto de interés
La medida, fruto de un acuerdo entre Función Pública y los sindicatos, implica una reducción de 2,5 horas en la jornada habitual, pasando de las 37,5 horas actuales a un cómputo total de 1.533 horas anuales. Pero la verdadera novedad reside en la adaptación de la jornada intensiva de verano, que se mantiene, aunque con una estructura modificada. Los funcionarios podrán concentrar sus tareas en un máximo de 6,5 horas diarias de lunes a viernes durante los meses de junio a septiembre, una estrategia que busca optimizar la productividad sin sacrificar los derechos adquiridos, como la intensiva de verano.
Esta nueva estructura se traduce en horarios definidos: de 8:00 a 15:00 horas, de 14:30 a 21:30 horas, o jornadas continuadas de 8:00 a 15:00. Un sistema que, según el BOE, respeta el total anual de horas y evita solapamientos con festivos o la bolsa de horas flexible.
Pero la flexibilidad no es solo una cuestión de horarios. La resolución introduce una cláusula que permite a los empleados públicos con hijos menores de 13 años, personas a su cargo o con discapacidad reconocida, acogerse a la jornada intensiva desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Además, se reconoce la figura del ‘cuidador’, un nuevo permiso para atender a familiares o convivientes con necesidades asistenciales graves. Un movimiento que, si bien bienvenido, exige un análisis profundo sobre la sostenibilidad a largo plazo.
A pesar de este avance, CSIF no se conforma. El sindicato critica la aplicación desigual de la jornada en distintas administraciones y reclama una extensión de estas medidas a los ayuntamientos y las empresas públicas. La jornada de 35 horas, argumentan, es una mejora en conciliación, productividad y empleo, pero exige una aplicación homogénea para evitar desigualdades. Y no olvidemos la apuesta por la jubilación parcial, que se encuentra en fase de ultimación a través de un Real Decreto.
La implantación de la reforma se prevé para mediados de mayo, aunque la aprobación de los calendarios laborales por parte de la AGE y los organismos autónomos se encuentra en marcha, con un plazo de un mes para su implementación. Un proceso que, sin duda, marcará el ritmo del verano laboral en España. La sombra de la jubilación parcial, por otro lado, se cierne sobre el futuro de miles de funcionarios, esperando una resolución que desbloquee más de 700.000 retiros.