El supremo refuerza el 'igual salario por igual trabajo' en la administración pública

La Administración Pública española se enfrenta a un terremoto legal. El Tribunal Supremo ha dictaminado que los funcionarios que desempeñan funciones superiores a las asignadas en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tienen derecho a una remuneración acorde a esas responsabilidades, además de que ese tiempo debe computar en su carrera profesional.

Funcionario de inspección de trabajo gana batalla al supremo

La sentencia, número 1442/2025 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, desestima el recurso de la Administración y reconoce el derecho de una inspectora de Trabajo y Seguridad Social a que se le computen retroactivamente los años en que ejerció funciones propias de un puesto de mayor nivel. Esto implica que la inspectora, que fue destinada a la Inspección Provincial de Trabajo con un nivel inferior, percibirá las mismas retribuciones que sus compañeros de nivel superior, incluyendo complementos de destino y específico, desde septiembre de 2019. La Administración deberá además abonar los intereses correspondientes.

Este fallo no es una excepción. El Supremo ha reiterado en resoluciones anteriores que la realidad del trabajo realizado debe prevalecer sobre la clasificación formal del puesto. La clave radica en la 'identidad sustancial entre las funciones y responsabilidades'. La sentencia de 2022 ya sentaba un precedente: si se cumplen funciones de un nivel superior, la retribución debe ser la correspondiente.

El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social celebra la decisión. Durante años, muchos inspectores han asumido cargas de trabajo equivalentes a puestos de mayor rango, pero sin que esto se reflejara en su salario ni en su progresión profesional. Ahora, la sentencia corrige esta situación, validando la labor de aquellos que, con menos antigüedad en un puesto, asumen responsabilidades mayores.

Pero hay un detalle: el Supremo no solo concede el derecho al salario adecuado, sino que también obliga a que ese tiempo de desempeño superior se refleje en la carrera administrativa del funcionario. Esto significa que el tiempo trabajado en funciones de mayor nivel se añade al cómputo para la consolidación del grado personal, lo que puede acelerar la promoción y aumentar las retribuciones futuras. La Administración, en muchos casos, se limitaba a abonar las diferencias salariales, pero el Supremo va un paso más allá.

El Gobierno se enfrenta ahora a la necesidad de revisar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) para asegurar que la clasificación de los puestos refleje con precisión las funciones reales que se desempeñan. Se abre la puerta a la contratación de interinos para facilitar la jubilación parcial de los funcionarios con mayor antigüedad, un tema que ha generado debate en el sector público. La sentencia del Supremo, más allá de la cuestión salarial, redefine la propia concepción del trabajo en la Administración, poniendo el foco en lo que realmente se hace, no en lo que figura en un documento.

La decisión del Tribunal Supremo no solo afecta a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Su alcance es mucho más amplio, ya que sienta un precedente para todos los funcionarios que realizan funciones superiores a las asignadas en su puesto. Una revisión de las escalas salariales y de las carreras profesionales es, quizás, la consecuencia más palpable de esta resolución.

La inspección de trabajo, por tanto, se consolida como uno de los pilares de la seguridad social en España. Y ahora, con esta sentencia, se reconoce el valor del trabajo bien hecho, independientemente de la etiqueta que se le haya puesto. El Supremo ha dicho basta a las clasificaciones obsoletas.