La age acuerda jornada de 35 horas para la mayoría de empleados, pero prisiones y algunos colectivos tendrán que negociar
El Gobierno ha alcanzado
un acuerdo general para implantar la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), pero algunos colectivos tendrán que negociar sus condiciones específicas.El texto clave llega el viernes
La Mesa General de Negociación de la AGE, que reúne a representantes del personal laboral, funcionario y estatutario, se celebró el pasado miércoles sin un gran acuerdo global, pero sí dejó un horizonte claro para la implantación de la jornada semanal de 35 horas en España.
Según indican fuentes sindicales a este medio, la administración se comprometió a presentar un texto que 'no excluya a ningún colectivo' y que permita que la nueva jornada sea una 'realidad a mediados de abril', aproximadamente 15 días después de que se publique la resolución definitiva.
Instituciones penitenciarias y personal del ingesa en la recta final
El gran avance es la no exclusión de colectivos clave como instituciones penitenciarias, personal del Ingesa y profesorado, que deberán negociar sus particularidades en mesas específicas posteriores.
Instituciones Penitenciarias emerge como el ámbito más crítico, por su peso en plantilla y las exigencias de seguridad. Cualquier reducción horaria preservará guardias, turnos y coberturas mínimas para garantizar el servicio público.
La jubilación parcial anticipada avanza en paralelo
Mientras, la Oferta de Empleo Público 2026 se paraliza por rechazo sindical a la propuesta actual, que promete empleo neto sin detallar cifras por departamentos. Avanza, en cambio, un Real Decreto para mejorar el acceso al empleo público de personas con discapacidad, y el 31 se prevé aprobar la jubilación parcial anticipada para personal laboral en el Convenio Único de la AGE.
Se trata de una de las grandes demandas del colectivo, que se mantenia inatendida por Función Pública y Seguridad Social. La reforma de 2025 frenó las jubilaciones parciales anticipadas de los funcionarios que cumplían los requisitos para acogerse a esta modalidad de retiro.
Ahora todo apunta a que la solución del Gobierno pasa por abrirse a contrataciones temporales para dar salida a las más de 1.000 solicitudes de retiro que se mantienen a la espera de ser aprobadas.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalan que seguirán trabajando para que este derecho se extienda también al personal funcionario y estatutario, ampliando así su alcance dentro del sector público.