Millonarios huyen de massachusetts: $4.200m en salidas netas tras nuevo impuesto
Boston se enfrenta a un dilema fiscal. Los residentes con mayores patrimonios están abandonando el estado a un ritmo récord, llevándose consigo $4.200 millones en ingresos brutos ajustados netos en 2023. Este éxodo, impulsado por un reciente impuesto a los millonarios, pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de financiar servicios públicos y la percepción de que la carga fiscal desincentiva la riqueza.
¿El impuesto a los millonarios de massachusetts está expulsando capital?
Según datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la fuga de capital representó un aumento del 8% interanual, a pesar de una ralentización en el número total de contribuyentes que abandonaban el estado. El nuevo gravamen del 4% sobre los ingresos superiores a $1 millón, implementado en 2023, ha impactado de forma notable en la dinámica económica de Massachusetts. La cifra habla por sí sola: los individuos con ingresos superiores a $200.000, el tramo más alto registrado por el IRS, fueron los principales responsables de esta salida, representando el 70% de los $4.200 millones.
Este fenómeno no es nuevo. Las salidas de capital de Massachusetts se remontan a periodos previos a la pandemia, con Florida y Nuevo Hampshire, un vecino del norte que no grava los ingresos laborales ni las ganancias de capital, como destinos principales. Sin embargo, la implementación del impuesto ha acelerado la tendencia, atrayendo a una proporción mayor de los residentes más ricos.
El impuesto a los millonarios ha generado una polarización de opiniones. Los defensores, como el Massachusetts Budget and Policy Center, celebran los $1.300 millones recaudados en lo que va del año fiscal 2026, un 19% más que en el mismo periodo de 2023. Argumentan que esta recaudación demuestra la capacidad de los individuos de altos ingresos para seguir contribuyendo, incluso con una base impositiva más reducida.
Por el contrario, el Pioneer Institute, un centro de estudios con sede en Boston que se opone al impuesto, advierte sobre el impacto negativo en la competitividad económica. Jim Stergios, director ejecutivo del instituto, señala la dificultad de recaudar fondos con una base impositiva más reducida. Organizaciones respaldadas por el sector empresarial han propuesto medidas como la reducción del impuesto estatal sobre la renta del 5% al 4% o la limitación del aumento anual de los ingresos estatales, buscando recuperar la competitividad perdida.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y otros funcionarios electos han rechazado estas propuestas, argumentando que podrían generar un déficit multimillonario. La tensión es palpable. Los datos del IRS revelan una realidad compleja: la fuga de capital de Massachusetts no es solo una cuestión de impuestos, sino un reflejo de las dinámicas económicas y fiscales que moldean el futuro del estado. La salida de los más ricos, en sí misma, es un síntoma de un debate mucho más amplio sobre la justicia fiscal y el crecimiento económico.
La cifra de $4.200 millones es un recordatorio contundente de que la política fiscal tiene consecuencias reales, y que las decisiones tomadas en el ámbito de los impuestos pueden impulsar o frenar el desarrollo económico de una región. La pregunta que queda en el aire no es si este modelo fiscal es sostenible, sino qué alternativas se explorarán para equilibrar las necesidades de financiación pública con la atracción y retención de talento y riqueza.